miércoles, 9 de marzo de 2016

Cuatro informes técnicos exculpan a Sedano en las obras del Calderón



A mediados del mes de febrero, y a raíz de una denuncia del actual Ayuntamiento de Alcoy, el Tribunal de Cuentas citó a declarar (comparecerán el próximo 4 de abril) a siete componentes del anterior Gobierno municipal, del Partido Popular, por los sobrecostes en las obras del Teatro Calderón. Concretamente, deberán presentarse en el Tribunal el ex alcalde Jorge Sedano y los entonces concejales Amparo Ferrando, Rafael Sanus, Fernando Pastor, Javier Castañer, Santiago Botella e Ignacio Palmer. Todos ellos participaron en la Junta de Gobierno que el 22 de diciembre de 2008 aprobó el pago a Enrique Ortiz de algo más de un millón de euros por trabajos que más tarde se comprobó que no estaban hechos, que estaban duplicados o cobrados por encima del precio del mercado.


Quien haya trabajado en empresas constructoras que realicen obras para organismos oficiales conocerán el procedimiento: el organismo en cuestión saca a subasta pública una obra, las empresas constructoras presentan sus ofertas y tras estudiarlas los técnicos encargados, se adjudica a la que más convenga, ya sea por precio, duración, garantías, etc. La empresa adjudicataria empieza las obras y las va cobrando con certificaciones (facturas) que presenta a medida que va ejecutando las obras (como si fuese a plazos). Estas certificaciones las comprueban los técnicos del organismo oficial y dictan la orden de pagarlas o rechazarlas. Posteriormente, si son correctas, la administración efectúa el pago a la empresa constructora.  

Con este sistema, los políticos de la Administración se encuentran con las manos atadas (¡afortunadamente!) ya que si los técnicos cualificados ordenan el pago, no hacerlo supondría una denuncia por parte de la constructora por morosidad e incluso prevaricación y si lo pagan sin la aprobación correspondiente, les denunciarían por trato de favor, fraude y no se sabe cuántas cosas más.

Evidentemente, la aprobación de los pagos a Enrique Ortiz en la Junta de Gobierno del 22 de diciembre de 2008 contaba con el informe favorable de los técnicos. No podía ser de otra forma. Y así lo atestigua el Juzgado de lo Contencioso número 4 de Alicante cuando refleja en su sentencia que existían nada menos que 4 informes técnicos favorables (todos los que se hicieron) que avalaban el pago. Además, el Tribunal también refleja que se habría sobrepasado el plazo legal de cuatro años para poder reclamar (recordar que en 2011, dentro del plazo legal de reclamación, llegó a la alcaldía Antonio Francés, ¿por qué no denunció antes?). Por si fuera poco, esta resolución también fue refrendada por el CJC (Consejo Jurídico Consultivo) en dos ocasiones.


¿Por qué la izquierda alcoyana se empeña en culpar a los políticos del PP de los sobrecostes irregulares del Calderón a sabiendas de que son inocentes? Porque a usted o a mi se nos pueden escapar todos los vericuetos legales que las obras públicas llevan tras de si, pero cualquier político que ocupe un sillón en el Salón de Plenos los conoce al dedillo.

Acusan con el único objetivo de desacreditar al contrario político para sacar rédito electoral. Malgastan el dinero de los contribuyentes en juicios innecesarios de los que sólo ellos van a salir beneficiados  políticamente. ¿Gastar dinero público en beneficio personal no es corrupción?  Propaganda con cargo al erario público.  

El actual alcalde Antonio Francés y su equipo de gobierno, ante cualquier problema surgido en las escasas obras que han acometido en los últimos cinco años, siempre se justifican diciendo que han actuado siguiendo los informes de los técnicos municipales. ¿Ahora son buenos esos informes y cuando mandaba Sedano, no? Pues el puesto de técnico municipal no es político; se accede a él por oposición y los técnicos son los mismos que había entonces. ¿Acaso quieren cargarse a algún técnico municipal? ¿Por qué éstos aprobaron certificaciones irregulares? ¿Hicieron su trabajo bajando a la obra y comprobando que eran ciertas? Lo único cierto es que sus firmas irresponsables nos costarán a los alcoyanos más de un millón de euros.