A mediados del mes
de febrero, y a raíz de una denuncia del actual Ayuntamiento de Alcoy, el
Tribunal de Cuentas citó a declarar (comparecerán el próximo 4 de abril) a
siete componentes del anterior Gobierno municipal, del Partido Popular, por los
sobrecostes en las obras del Teatro Calderón. Concretamente, deberán presentarse
en el Tribunal el ex alcalde Jorge Sedano y los entonces concejales Amparo
Ferrando, Rafael Sanus, Fernando
Pastor , Javier Castañer, Santiago Botella e Ignacio Palmer. Todos
ellos participaron en la Junta
de Gobierno que el 22 de diciembre de 2008 aprobó el pago a Enrique Ortiz de
algo más de un millón de euros por trabajos que más tarde se comprobó que no
estaban hechos, que estaban duplicados o cobrados por encima del precio del
mercado.
Quien haya
trabajado en empresas constructoras que realicen obras para organismos oficiales
conocerán el procedimiento: el organismo en cuestión saca a subasta pública una
obra, las empresas constructoras presentan sus ofertas y tras estudiarlas los
técnicos encargados, se adjudica a la que más convenga, ya sea por precio,
duración, garantías, etc. La empresa adjudicataria empieza las obras y las va
cobrando con certificaciones (facturas) que presenta a medida que va ejecutando
las obras (como si fuese a plazos). Estas certificaciones las comprueban los
técnicos del organismo oficial y dictan la orden de pagarlas o rechazarlas.
Posteriormente, si son correctas, la administración efectúa el pago a la
empresa constructora.
Con este sistema,
los políticos de la
Administración se encuentran con las manos atadas
(¡afortunadamente!) ya que si los técnicos cualificados ordenan el pago, no
hacerlo supondría una denuncia por parte de la constructora por morosidad e
incluso prevaricación y si lo pagan sin la aprobación correspondiente, les
denunciarían por trato de favor, fraude y no se sabe cuántas cosas más.
Evidentemente, la
aprobación de los pagos a Enrique Ortiz en la Junta de Gobierno del 22 de diciembre de 2008
contaba con el informe favorable de los técnicos. No podía ser de otra forma. Y
así lo atestigua el Juzgado de lo Contencioso número 4 de Alicante cuando
refleja en su sentencia que existían nada menos que 4 informes técnicos
favorables (todos los que se hicieron) que avalaban el pago. Además, el
Tribunal también refleja que se habría sobrepasado el plazo legal de cuatro
años para poder reclamar (recordar que en 2011, dentro del plazo legal de
reclamación, llegó a la alcaldía Antonio Francés, ¿por qué no denunció antes?).
Por si fuera poco, esta resolución también fue refrendada por el CJC (Consejo
Jurídico Consultivo) en dos ocasiones.
¿Por qué la
izquierda alcoyana se empeña en culpar a los políticos del PP de los
sobrecostes irregulares del Calderón a sabiendas de que son inocentes? Porque a
usted o a mi se nos pueden escapar todos los vericuetos legales que las obras
públicas llevan tras de si, pero cualquier político que ocupe un sillón en el
Salón de Plenos los conoce al dedillo.
Acusan con el
único objetivo de desacreditar al contrario político para sacar rédito
electoral. Malgastan el dinero de los contribuyentes en juicios innecesarios de
los que sólo ellos van a salir beneficiados
políticamente. ¿Gastar dinero público en beneficio personal no es
corrupción? Propaganda con cargo al
erario público.
El actual alcalde
Antonio Francés y su equipo de gobierno, ante cualquier problema surgido en las
escasas obras que han acometido en los últimos cinco años, siempre se
justifican diciendo que han actuado siguiendo los informes de los técnicos
municipales. ¿Ahora son buenos esos informes y cuando mandaba Sedano, no? Pues
el puesto de técnico municipal no es político; se accede a él por oposición y
los técnicos son los mismos que había entonces. ¿Acaso quieren cargarse a algún
técnico municipal? ¿Por qué éstos aprobaron certificaciones irregulares?
¿Hicieron su trabajo bajando a la obra y comprobando que eran ciertas? Lo único cierto es que sus firmas irresponsables nos costarán a los alcoyanos más de un millón de euros.